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¿UN CÒDIGO DE ÈTICA PARA LA FUNCIÒN JUDICIAL?

LUCA DE MATTEIS
Movimento per la Giustizia - Italia
MEDEL - Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés

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Resumen: 1. - ¿Ètica o deontologìa?; 2. - Necesidad de distinguir entre un còdigo deontològico y reglas de disciplina; 3. - Irrelevante que no haya sanciòn jurìdica para la violaciòn de las reglas deontològicas; 4. - Necesidad que las reglas deontològicas sean elaboradas por los mismos magistrados; 5. Documentos existentes; 6. - Los principios de Bangalore; 7. - Còdigo de Ètica de la Associazione Nazionale Magistrati (Asociaciòn Nacional de Magistrados de Italia); 8. - Estatuto de los Jueces Iberoamericanos; 9. - Conclusiones.


1. - ¿Ètica o deontologìa?

1.1. - Antes de agredir la cuestiòn principal, o mejor los diversos problemas acerca de un còdigo de ètica para la funciòn judicial, hay que delimitar el campo de indagaciòn a travès de la resoluciòn de algunas cuestiones definitorias.
Hemos asì que la palabra "ètica" puede ser definida como la doctrina o ciencia de los motivos y reglas que guìan las acciones humanas, o màs bien de los principios que deberìan guiarlas para que sean buenas y dignas de aprobaciòn tanto de parte de la consciencia propria que agena.

1.2. - Se encuentran dos principales concepciones de lo que es "ètica".
En la filosofìa de Kant la moral requiere que la acciòn del hombre recto tenga valor y significado universales, reconocidos o cunto menos reconocibles por todos. La tensiòn hacia el universal està exprimida y resumida en el concepto de "deber".
Un rechazo integral de la concepciòn kantiana fue màs tarde exprimido por todas las corrientes positivistas, la cuales, poniendo el ènfasis sobre las adquisiciones de las ciencias humanas (especialmente la sociologìa y la psicologìa, ademàs de la economìa y las ciencias naturales), han definido la moral como un estudio del comportamiento humano, no en el sentido de comportamiento individual sino en el sentido de "comportamiento objectivo del individuo" en el seno de la sociedad. La ètica, en estas corrientes filosoficas, tende a exprimir los conceptos de deber y finalidad como "situaciones objectivas".
Basandonos sobre estas indicaciones, se puede definir la ètica judiciaria como un aspecto de la ètica aplicada, cuyo principio fundamental se encuentra en la busqueda constante de la Justicia para un hombre concreto y real (es decir, hombre antropològico y no hombre abstracto).

1.3. - Asì definida, la ètica es concepto contiguo pero distinto de la deontologìa.
La palabra deontologìa (cuya origen se debe al filòsofo inglès Jeremy Bentham) se define como "la descripciòn y el estudio de un particular grupo de deberes concernientes una determinata clase o grupo profesional" e indica lo que "debe ser" en contraposiciòn con lo que "es". Implica un comportamiento adeguado a un fin y es mucho màs que un compendio de "buenas maneras" relativas a una profesiòn.
Como tal, comprende todos los problemas inherentes a un individuo antropològicamente determinado (o sea, colocado en una època y sociedad precisa) como sujeto profesional; problemas que siempre concernen los deberes del sujeto en cuestiòn.

1.4. - Si se aceptan estas definiciones, la consecuencia es que el Còdigo del cual estamos hablando (el que contenga la elencaciòn de los deberes de la judicatura como grupo profesional en nuestra època) deberìa ser definido como còdigo deontològico en lugar de còdigo de ètica.


2. - Necesidad de distinguir entre un còdigo deontològico y reglas de disciplina

2.1. - Antes de pasar a los problemas de substancia acerca de los còdigos deontològicos hay que enfrentar algunas cuestiones de forma (aunque tal vez mucho de la substancia dependa de su resoluciòn).
En primer lugar es absolutamente necesario distinguir el cuerpo de reglas del cual nos estamos ocupando de cualquier otro cuerpo de reglas que tenga finalidad disciplinaria. Los que opinan que las violaciones de un còdigo deontològico deberìan ser punidas con una sanciòn de carà cter disciplinario (sea esa aplicada de los mismos magistrados eventualmente a travès de un òrgano de autogobierno, sea esa aplicada por un òrgano tercero y notablemente por un representante del poder ejecutivo), terminan envileciendo la finalidad misma de estas reglas.
En efecto, un còdigo deontologico debe indicar un ideal-tipo de comportamiento para un magistrado, funcionando por eso como factor propositivo de orientaciòn para los individuos. En substancia, parece correcto afermar que mientras un còdigo deontològico exprime el "mà ximo ètico" (es decir, un modelo de perseguir), un còdigo de disciplina solamente exprime un "mìnimo ètico", es decir el nivel debajo del cual el comportamiento del magistrado no solo podrìa, sino tambièn deberìa ser punido en todos los modos permitidos.
Mezclar los dos conceptos no solamente podrìa ser dañino para la efectividad de un "motor de impulso moral" que apunta ad alcanzar el alto nivel de conducta judiciaria que constituye la esencia de un còdigo deontològico, sino tambièn privarìa la pùblica opiniòn de un modelo realmente virtuoso de comportamiento y de habitus profesional a travès del cual se ejerce, entre otras, una funciòn educativa para el ciudadano: porquè es evidente que no todos los "externos" a nuestra profesiòn, ni siquiera los màs advertidos, podrìan indicar què cosa hace realmente de un magistrado un "buen magistrado".
Por eso el còdigo debe ser un instrumento ofrecido a la comunidad (nacional o sobrenacional, segùn el à mbito considerado) para medir la integridad, la profesionalidad, el estilo de los magistrados interesados, sirviendo asì de base para la denuncia pùblica de las conductas deviantes para que se determine una sanciòn de orden social.
Es asì que el còdigo de deontologìa deberìa mantenir su significado de cometido solemne de los magistrados, en frente de la sociedad en la cual desarrollan su actividad, a respetar los altos ideales en eso contenidos: ideales y principios que siempre deberìan ser considerados como corolarios de la misma jurisdicciòn.

2.2. - Si se quiere buscar un punto de contacto entre deontologìa y disciplina se podrìa indicar el siguiente: que el debate y la elaboraciòn teòrica y cultural sobre las conductas que deberìan ser acogidas en un còdigo de deontologìa tarde o temprano influencia la jurisprudencia de las cortes disciplinarias. Es de hecho razonable asumir (y es tambièn historicamente probado) que algunos de los principios contenidos en las lineas èticas de conducta pueden volverse en ùtiles parametros interpretativos para la evaluaciòn del comportamiento de los magistrados de parte de los òrganos de disciplina. Y eso especialmente en los casos o situaciones "border line" o sobre asuntos generales de natura controvertida (como, por ejemplo, el tema de las relaciones entre magistrados y òrganos de prensa o el tema de la libertad de expresiòn del magistrado).


3. - Irrelevante que no haya sanciòn jurìdica para la violaciòn de las reglas deontològicas

3.1. - Lo que acabamos de decir priva de importancia, es nuestra opiniòn, una de las objeciones principales que se ponen en el debate sobre la utilidad de còdigos del tipo del cual nos estamos ocupando: "estas reglas serìan inùtiles en cuanto desprovistas de sanciòn".

3.2. - Se pueden mover diferentes crìticas a esa afermaciòn:
a) la sanciòn social (que hemos visto ser la natural consecuencia de la violacion de la regla deontològica) es sanciòn tanto como aquella penal o civil: asì como, para traer un ejemplo del derecho constitucional, la responsabilidad polìtica de los òrganos electivos no encuentra otra sanciòn que la posibilidad de no ser reelegidos, asì la violaciòn de las reglas deontològicas bien puede limitarse al à mbito de la consideraciòn colectiva de la acciòn del magistrado;
b) las reglas de derecho, en cuanto son expresiòn de los valores que ligan un grupo social y que ententan conservar la estructura de este, son tales aùn si privas de sanciòn (directa o indirecta) por su violaciòn: el ejemplo màs evidente son las reglas del derecho internacional (y es doloroso recordar este principio basilar en un momiento històrico en el cual los mismos paìses que han fungido en el Siglo XX de guìa para el mundo entero en tomar consciencia de la importancia de las reglas de derecho internacional para conservar el orden y la paz està n impunemente violando la màs elementares adcquisiciones de este sistema jurìdico);
c) creemos sin embargo que la rèplica màs rigorosa a la contestaciòn expuesta sea otra, porquè las dos respuestas apenas ilustradas padecen el defecto de ligar las reglas deontològicas al derecho, tratando de acercar las reglas de las cuales hablamos a las normas de ley propriamente dichas que benefician, por lo que concerne su efectividad, del mecanismo sancionatorio. Probablemente, entonces, es màs correcto decir que la regla deontològica, sea esa dotada de sanciòn social o menos, apartiene a una rama del saber diferente del derecho: y como tal el discurso acerca de la sanciòn apunta a desnaturar la esencia misma de estas reglas, en un (cosciente o menos) paralelismo con las reglas de disciplina.

3.3. - Para que la regla deontològica se efectivamente regla (en el sentido màs plano) queda entonces un ùnico parametro que es comun a todas las reglas sociales, incluydas las de derecho: que, como dicho poco antes, sean expresiòn de los valores de la comunidad que las exprime: mà s, que sean expresiòn del principio mismo que hace de una multitud de inviduos una comunidad.


4. - Necesidad que las reglas deontològicas sean elaboradas por los mismos magistrados

4.1. - Esta ùltima observaciòn nos entrega al sucesivo punto preliminar: hemos asì que, como consecuencia del hecho que las reglas morales (en nuestro caso especìfico, deontològicas) deben surgir de la entraña misma del cuerpo social (o grupo profesional) al cual se refieren, que las reglas deontològicas que deben guiar el desarollo del la funciòn judicial en tanto pueden tener valor a los fines ya expuestos en cuanto sean elaboradas por los mismos magistrados que a estas reglas deberan inspirarse en su comportamiento profesional.
Es evidente como el tema cruza la cuestiòn de la relevancia, a nuestro aviso fundamental, de las asociaciones de los magistrados, de su representatividad, de la abertura de las mismas al dià logo no solo con las componientes institucionales del Estado sino con todo sujeto que partecipe de una moderna democracia pluralista y pluricentrista. Tema que transcende, de toda evidencia, la finalidad de este ensayo.
Dejando a otros mucho màs calificados la tarea de enfrentarse con el argumento, nos limitaremos a observar como a la aceptaciòn de este principio consigue la descalificaciòn de todo còdigo ètico o deontològico (cuanto menos en linea teòrica, prescindiendo del juicio sobre la substancia del mismo) etero-impuesto: tanto por el poder ejecutivo, cuanto por sujetos ligados a la judicatura pero privos de un grado aùn mìnimo de representatividad democrà tica de los magistrados destinatarios del còdigo en cuestiòn. Es sin embargo evidente que estos documentos pueden servir de impulso para una discusiòn en seno a la magistradura, de base para una reflecciòn y eventualmente ser adoptados como pròprios; como es de toda evidencia que los que se embarquen en la tarea de definir el contenido de un còdigo deontològico para la judicatura deberìan buscar una confrontaciòn intelectualmiente abierta con abogados, personal de la administraciòn de la justicia, mundo acadèmico, sociedad civil.


5. Documentos existentes

5.1. - Podemos ahora pasar al problema substancial inerente el contenido de los còdigos deontològicos.
Por eso, es necesario referirse a los documentos ya existentes que pueden servir de base para la discusiòn en tema de contenido de un còdigo ètico o, màs bien, deontològico.

5.2. - A nivel internacional:
· Declaraciòn Universal de los Derecho Humanos (Asemblea de las NN. UU., 1948), la cual, al art. 10, establece el derecho para todos de ser juzgados por un tribunal "independiente e imparcial";
· art. 6 de la Convenciòn Europea para el Amparo de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales (Roma, 4 de Noviembre 1950);
· Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Polìticos (New York, 16 de Diciembre 1966);
· Principios Fundamentales de las NN. UU. sobre la independencia de la Judicatura (1985) y las Proceduras por su efectiva aplicaciòn (1989);
· Propuesta Preliminar de una una Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, aprobada ed Strasbourg el 8-10 de Julio 1998 dal Consejo de Europa, con la partecipaciòn de MEDEL y de la Asociation Europèen des Magistrats (AEM);
· Resoluciòn en tema del Papel de la Judicatura en un Estado de Derecho, aprobada en Varsovia el 4 de Abril 1955 de los Ministros de la Justicia de los Paìses de Europa central y del este;
· Carta Universal del Juez, aprobada por el Consejo Central de la Asociaciòn Internacional de Jueces (IAJ) en Taipei el 17 de Noviembre 1999: este documento, que cuenta 15 artìculos, contiene "reglas generales y fundamentales" que comprenden los tradicionales valores en tema de independencia, autonomìa, imparcialidad, discreciòn, eficiencia, actividad externa, garantìas del encargo, acceso, responsabilidad civil y penal; este documento toma en consideraciòn tambièn los fiscales, afermando (art. 15) que "en los paìses donde los miembros de la fiscalìas son jueces, estos principio se aplican mutatis mutandis tambièn a estos jueces".
· Carta de los Derecho Fundamental de la Uniòn Europea (Nice, 7 de Diciembre 2000): art. 47 par. 2;

5.3. - Para Norteamèrica:
· Còdigo de Conducta para los Jueces Federales Estadounidenses, aprobada de una Conferencia Judicial del 5 de Abril 1973 (modificada en 1987, 1992, 1996). Este documento comprende siete cà nones de conducta y un aligado que se aplican a los jueces en todas la posiciones del sistema federal (district judges, US circuit judges, Court of trade judges, Court of federal claims judges, Bankruptcy judges, Magistrate judges, Tax court judges, Court of veteran appeals, Court for the armed forces);
· Còdigos deontològicos de las jurisdicciones estatales de EE.UU. (California, Iowa, Idaho, New York, Texas, Virgina, Washington);
· Canada: el Consejo Judicial de Canada en 1994 ha aprobado un proyecto denominado Principios Èticos para Jueces, que ha sido entregado para una evaluaciòn a la Asociaciòn de Abogados, a la Federation of Law Societies of Canada, a la Canadian Association of Provincial Court Judges, a la comunidad acadèmica y a los jefes de las Fiscalìas. La aprobaciòn definitiva fue en 1998. Finalidad de este documento es de proporcionar lineas de comportamiento èticas para jueces de nombra federal y disciplinar los principios de independencia, diligencia, ecualidad, imparcialidad y comportamiento de jueces en el campo civil, social, polìtico y en situaciòn de conflicto de intereses;

5.4. - En Europa:
La primera asociaciòn de magistrados a adoptar un còdigo de ètica fue la Associazione Nazionale Magistrati (ANM) en 1994; hasta hoy ha sido seguida solamente de Malta (2000). El problema de los còdigos èticos ha sido enfrentado por primera vez a nivel continental dal Consejo Consultativo de los Jueces Europeos, òrgano del Consejo de Europa, en la reuniòn tenida en Strasbourg los dìas 8-10 de Noviembre 2000. El Consejo decidiò enfrentar la cuestiòn a la luz de la Reglas concernientes la independencia y la inamovibilidad de los Jueces contenidas en la Recomendaciòn R (94) 12 del Comitato de Ministros del Consejo de Europa del 13 de Octubre 1994.
Este documento define la independencia de la judicatura no solamente como amparo de posibiles influencia extreriores, sino tambièn como protecciòn de cada magistrado en relaciòn a sus superiores, en cuanto la independencia puede ser puesta es peligro tambièn de hacia adentro la judicatura.
Sin embrago, el problema se pone en manera diferente en consideraciòn de las diferentes situaciones en los paìses interesados. En efecto, en los paìses de common law, el respecto para la judicatura està guardado de una tradiciòn secular, de la falta de carrera en seno a la judicatura y de varias previsiones penales muy eficaces como el "contempt of Court".
De otro lado, en los paìses de Europa continental la tarea de la salvaguardia de la independencia (interna y externa) de la judicatura està entregada normalmente a un Consejo Superior constituido por una mayorìa de miembros elegidos por los mismos magistrados (jueces y fiscales), segùn el modelo de la Constituciòn italiana de 1948.
Por ùltimo, en los paìses de Europa Oriental, con algunas excepciones, los Consejos de la Judicatura (en sus varias formas y denominaciones) tiene normalmente solo tareas consultativas, mientras el papel principal en la administraciòn de los jueces lo juega el ejecutivo.
En esta variedad de situaciones la Recomendaciòn 12 no ofrece una soluciòn unìvoca al tema de la necesidad u oportunidad de adoptar un còdigo ètico o deontològico, y menos al tema del proceso para llegar a su adopciòn.
Este vacìo està a la base del hecho que (especialmente en Europa oriental, donde aùn son màs flèbiles las garancìas para la judicatura) los Parliamentos y los Consejos de la Judicatura està n aprobando "còdigos èticos" que, ademà s, son vinculantes (a pena de sanciones disciplinarias) por los magistrados.
En contra, recientemente (2001-2002) algunos paìses (entre cuales Azerbaidjan, Estonia, Lituania, Ucraina, Moldova, Repùblica Checa y Slovaquia) han adoptado "còdigos de ètica judicial" a travès de òrganos representativos de los magistrados, modelados, por la mayorìa, en los documentos del area Norteamericana y privos de valor disciplinar.


6. - Los Principios de Bangalore

6.1. - Uno de los proyectos màs ambiciosos (por su extensiòn y por el notable esfuerzo elaborativo del cual nace) son "Los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial" (2002) (se vea el documento adjunto n. 1 para el texto integral y la compleja historia deliberativa).
El documento en cuestiòn parece como el mejor para basar una discusiòn en cuanto todos los documentos citados antes se ponen màs como "Estatutos del Juez" que como cuerpo de reglas deontològicas.

6.2. - Los principios ("valores") en los cuales se basa el documento de Bangalore son seis (nuestra traducciòn del texto en inglès):
· Valor 1: Independencia: La independencia judicial es pre-requisito al gobierno de la ley y garantìa fundamental de un proceso justo. El juez deberìa entonces proteger y servir de ejemplo de la independencia judicial tanto en sus aspectos individuales como en los aspectos institucionales.
· Valor 2: Imparcialidad: La imparcialidad es esencial para el desarrollo correcto del oficio judicial. No se aplica solamente a la decisiòn sino tambièn al proceso a travès del cual se llega a la decisiòn.
· Valor 3: Integridad: La Integridad es esencial para el correcto desarrollo del oficio judicial.
· Valor 4: Sobriedad: Sobriedad y la aparencia de la sobriedad son eseciales para todas la actividades del juez.
· Valor 5: Igualdad: Asegurar la igualdad de tratamiento a todos ante el juez es esencial para el debido ejericicio del oficio judicial.
· Valor 6: Competencia y diligencia: Competencia y diligencia son pre-requisitos del correcto ejericicio de la funciòn judicial.
Estos principios reciben especificaciòn en la misma carta de Bangalore, que tambièn incluye un estudio casìstico.

6.3. - La comparaciòn con preexistentes documentos nacionales demuestra como la elaboraciòn de los Principios fue dominada por la tradiciòn de common law: se vean, por ejemplo, el Còdigo de Conducta para los Jueces Federales de EE. UU. o los Principios Èticos para los Jueces de Canada, que recan una elencaciòn de principios casi idèntica a la que entà contenida en el documento del 2002.


7. - Còdigo de Ètica de la Associazione Nazionale Magistrati (Asociaciòn Nacional de Magistrados de Italia)

7.1. - En la infinita variedad de situaciones acerca de los còdigos de dentologìa el caso de Italia es particular: una importante ley de reforma de la materia del empleo pùblico (l. 29 de 1993, art. 58-bis) impuso la adopciòn de còdigos de comportamiento para todos los sectores de la pùblica administraciòn; para lo que concerne los magistrados, demandò a las asociaciones representativas (en el caso de la judicatura ordinaria, la ANM) la elaboraciòn de lo que expresamente es definido "un còdigo ètico".
A pesar del hecho que es cuanto menos curioso que una ley del Estado se preocupe de ètica, la ANM avanzò màs de una duda en merito a la validez de la previsiòn, la principal de las cuales concerniente la reserva absoluta de ley por todo lo que concerne la magistradura contenida ed la Constituciòn italiana (art. 108).
Sin embargo, aùn explicitando estas dudas en el preà mbulo del texto, en 1994 la ANM cumpliò con el mandado legislativo. En el mismo preà mbulo se encuentra la advertencia que la reglas contenidas en el còdigo ètico "son indicaciones de principios sin efecto juridico, que van considerados diversamente de la reglas juridicas de las violaciones disciplinares".

7.2. - Nos permitimos remitir a la lectura del texto anexo (n. 2.) para las reglas contenidas en el documento; aquì se puede observar como algunas de las reglas son muy adherientes a la actualidad o historia reciente italianas (como la detallada prescripciòn en tema de raportes con la prensa, tema muy dibatido a todos niveles especialmente despuès de los procedimientos por corrupciò denominados "Mani Pulite" a partir de 1992; o la regla en tema de "asociaciones que requieran un voto de lealdad", directamente conetido al problema de la masonerìa); otras constituyen expresiòn de cuestiones de organizaciòn impensables en los sistemas de common law (como el art. 14 en tema de comportamiento de los Jefes de oficio, encargo mucho menos relevante en los tribunales de common law de cuanto no sea en los tribunales "profesionales" de modelo europeo continental).

7.3. - Lo que se puede notar como substancial diferencia entre este còdigo y muchos de los ejemplos antes citados es la total ausencia de referencias a la vida privada del magistrado. No podemos que ser de acuerdo: segùn las premisas del discurso y si se recuerda que un còdigo deontològico debe indicar comportamientos adecuados al desempeño de una tarea profesional, se ve como la vida privada nada tiene que ver con esa finalidad. Mirados de este punto de vista, los còdigos de tradiciòn norteamericana parecen mucho màs "còdigos de comportamiento" que describen las reglas para mantenir una aparencia (global) del hombre-magistrado en acuerdo con un preciso modelo.


8. - Estatuto de los Jueces Iberoamericanos

8.1. - Este documento fue aprobado por la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, realizada en Canarias en Mayo de 2001. El documento es muy amplio y comprende materias muchas de las cuales son reservadas a las leyes ordinamentales o administrativas de cada paìs (selecciòn, responsabilidad, evaluaciòn, capacitaciòn, remuneraciòn, seguridad social); otras se refieren màs propriamente a un estatuto del juez (imparcialidad, independencia, derecho de asociaciòn profesional).

8.2. - En la parte IV, letra H), el Estatuto se ocupa especificamente de ètica judicial, con el intento de incorporar "los valores màs estrechamente vinculados con el ejericicio de la funciòn jurisdiccional, sin hacer referencias al comportamiento privado de los jueces o a concretas reglas de conducta que... deberìan garantizarse a travès de la concreta regulaciòn nacional del règimen disciplinario".
Sin embargo, a pesar de esta premisa el Estatuto pone reglas cuales: proceso debido (art. 41); limitaciòn a los medios previstos en el ordinamiento para la averiguaciòn de la verdad (art. 42); obligaciòn de motivar las resoluciones judiciales (art. 43); resoluciòn en plazo razonable (art. 44); posibilidad de aplicar reglas de equidad (art. 45) que en nuestra opiniòn poco tienen que ver con ètica o deontologìa y mucho, en contra, con los fundamentos del derecho procesual. Màs coherentes con los principios teòricos expuestos en la primera parte parecen reglas como: obligaciòn de servicio y respeto por las partes (art. 39); obligaciòn de independencia (art. 40); obligaciòn al secreto profesional (art. 46).
Parece apenas el caso de observar como la origen del documento (conferencia de los vèrtices de los tribunales superiores, privos de cualquiera legitimaciòn democrà tica) limita su relevancia, por lo que se ha dicho antes, a una base para un futura discusiòn interna a las asociaciones nacionales de los magistrados.


9. - Conclusiones

9.1. - Serìa deshonesto negar que el concepto mismo de còdigo ètico o deontològico evoca contextos històricos màs o menos recientes en los cuales èstos eran instrumentos cuya ùnica finalidad era el control y el dominio sobre la libertad judicial.
Creemos, tal vez ingenuamente, que las advertencias con las cuales hemos empezado puedan minimizar este riesgo.
Lo que sabemos es que hoy en todo el mundo la discusiòn sobre los "còdigos èticos" està marchando y el tema se desarrolla con velocidad.
Es entonces este el momento de contribuir a la discusiòn aportando nuestra historia, nuestra cultura y nuestros valores para evitar que el resultado de la elaboraciòn sea incompatible con lo que creemos ser nuestra comun concepciòn de concepto de "ser magistrados".

9.2. - Tambièn imaginamos que mucho de lo que hemos dicho haga pensar a una elucubraciòn ociosa fruto de judicaturas que no tiene problemas màs urgentes para enfrentar. Quizàs sea asì; sin embargo, se nos permita observar como para nosotros magistrados italianos, que estamos viviendo el peligro actual y concreto del derrumbamiento de todos los principios basilares que han tutelado la jurisdicciòn despuès de la derrota del fascismo (sirviendo - lo decimos con orgullo - de ejemplo para todos), un còdigo deontològico y la reflecciòn sobre lo que es la esencia de nuestra profesiòn constituye un instrumento cultural precioso para no perder de vista las razones de nuestra oposiciòn firme a los proyectos infaustos y miopes de cierta polìtica, que desafortunadamente no es una plaga solo italiana; aunque evidentemente nuestra situaciòn tiene peculiaridades ùnicas.

9.3. - En fin, la lectura de los numerosos documentos que se ocupan de ètica judiciaria conduce a identificar algunos valores comunes y tradicionales: honestad, integridad, independencia, imparcialidad, competencia, prudencia, sentido de responsabilidad, sobriedad, respecto por las partes y tratamiento ecuà nime de todos los partecipantes al proceso, etc.
Sin embargo, estos valores tradicionales parecen mutar de forma y contenido a la luz de la mutaciòn de la funciòn jurisdiccional en la sociedad actual. La funciòn mìtica, ceremonial o religiosa del juicio ha desaparecido desde tiempo: vamos hacia una figura de juez como "arquitecto social" encargado de colmar, en el respeto debido de la ley, el espacio vacìo entro norma abstracta y vida real.
Los deberes de honestad, integridad, imparcialidad non pueden ser concebidos asbtractamente, sino deben ser mirados a travès del filtro constituydo por el objeto concreto de la actividad judicial: es decir que deben brindar a una actitud ètica, un estilo, una propensiòn del magistrado a buscar la "decisiòn correcta" para la satisfacciòn de las necesidades e intereses de un "hombre antropològico" y no de un "hombre abstracto".
Por eso, el deber de competencia en particular debe ser ampliado de su tradicional contenido tècnico-juridico y abrazar la comprensiòn de la complejidad de la vida moderna, utilizando "saberes diferentes" y cooperaciòn externa en una visiòn de la justicia siempre màs interdisciplinar e interinstitucional.
Tambièn la independencia non puede limitarse al encerro en una torre de marfil a la busqueda de principios abstractos y asèpticos: debe, al contrario, indicar la capacidad (y, a veces, el coraje) de aplicar una soluciòn justa defendiendo la jurisdicciòn contra las influencias no solo polìticas sino tambièn de otros "poderes fuertes" que se manifestan en formas aùn màs protervas y opacas.
Solo si se pone al centro de la jurisdicciòn el amparo de los intereses del Hombre y se enfrenta la realidad con actitud abierta a la multiformidad de la existencia se puede esperar que la judicatura pueda jugar el papel que le compete en los tiempos mutables a venir, contribuyendo, en el pleno respeto de la triparticiòn de los poderes, al "gobierno del cambio".

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